Colombia:
desarrollo
excluyente sin
sostenibilidad
por Libardo
Sarmiento Anzola
Thursday, Sep.
23, 2004 at 7:27
PM
¿Quién no añora
los ríos donde
se bañó o pescó
en su niñez?
¿Quién no
extraña el
entorno verde de
su municipio o
de la periferia
de las grandes
ciudades?
Colombia se ha
transformado a
ritmos
agigantados y
quien lleva la
peor parte son:
sus ríos,
montañas,
páramos,
nevados,
humedales y
zonas boscosas.
Si no queremos
heredar a las
generaciones
futuras un gran
desierto y miles
de historias de
lo que tuvimos y
malgastamos, un
alto en la
depredación es
urgente.
Para el año 2029 el
70 por ciento de la
población colombiana
estará en riesgo de
no contar con
suficiente agua para
su abastecimiento.
Esta preocupante
proyección se
desprende del
Informe Anual sobre
el Estado del Medio
Ambiente y los
Recursos Naturales
Renovables en
Colombia, publicado
por el Instituto de
Hidrología,
Meteorología y
Estudios
Ambientales, Ideam,
en julio de 2004.
Uno de los hallazgos
que más alarma es la
proporción anual de
pérdidas de capa
vegetal. Un promedio
de 101.000 hectáreas
de bosques se
perdieron al año en
Colombia entre 1994
y 2001, para un
total de 667.285
hectáreas. En
general, el 60% de
la madera cortada en
los bosques
tropicales del mundo
es exportada a los
países ricos del
Norte. Las zonas
geográficas críticas
del país son la
región caribe, el
pie de monte
amazónico y la zona
andina. La cobertura
de bosques de
Colombia pasó,
entonces, de 56,3
millones de
hectáreas en 1994, a
55,6 millones en
2001.
De acuerdo con
Carlos Costa Posada,
director del Ideam,
si bien la coca y la
amapola han menguado
las reservas
boscosas, sobre todo
en los parques
naturales (las áreas
con cultivos
ilícitos ocupan
102.071 hectáreas,
esto es, 0,09% del
territorio nacional,
distribuidas en 21
de los 32
departamentos de
Colombia), la
deforestación
obedece a un
problema integral de
desarrollo en el
país, en términos de
distribución de la
propiedad de la
tierra. Las zonas
vírgenes se
convierten en áreas
de colonización,
demandadas por las
poblaciones
campesinas pobres,
desplazadas por la
ampliación de los
latifundios. En los
últimos veinte años,
en el país han
sufrido
desplazamiento
forzoso cerca de 3,5
millones de
personas. Los
latifundistas, que
representan sólo 1%
de la población
(incluye a
empresarios del
agro, políticos y
paramilitares) son
propietario de 55%
de la tierra
cultivable en
Colombia. En
contraste, 85% de la
población rural vive
bajo condiciones de
extrema pobreza.
No obstante, los
insumos utilizados
para el
procesamiento de la
coca en los
laboratorios
clandestinos que se
camuflan en la selva
generan graves daños
en ríos y quebradas.
De otra parte, según
el Ideam, se
registra también una
brusca y acelerada
disminución de la
capa de nieves
perpetuas en los
picos colombianos.
Cada año retrocede
diez metros, lo que
equivale a un 5%.
Glaciales como el
del Quindío y el de
Puracé ya
desaparecieron.
Menos nieve, más
calentamiento y
mayor desbalance en
los ecosistemas y en
el ciclo del agua se
reflejan en las
cifras sobre
recursos hídricos y
procesos de
descertificación. Al
deterioro de la capa
vegetal que protege
las fuentes de agua,
se suma la presión
poblacional sobre
las mismas y el
índice del 17% del
territorio nacional
susceptible de
convertirse en
desierto. Para el
año 2015, la
población colombiana
alcanzará la cifra
de 55 millones de
habitantes. La
«huella ecológica»
de esta sociedad,
esto es, el espacio
verdaderamente
ocupado en término
de demanda de
recursos (tierra,
agua, aire) y
residuos aumenta de
manera acelerada,
acumulando un gran
déficit.
El modelo de
desarrollo
capitalista
dependiente,
característico de la
sociedad colombiana,
presenta una
creciente brecha en
la sustentabilidad
ambiental y social.
La expoliación de
los recursos
naturales en las
sociedades
capitalistas se basa
en una racionalidad
social a corto
plazo, determinada
por la ganancia y la
acumulación del
capital, generando
externalidades de
alto impacto
negativo en los
ecosistemas producto
de la destrucción
por el despilfarro
del desarrollo
económico en los
procesos productivos
y los desechos que
genera la sociedad
de consumo.
La «huella
ecológica» es el
área de territorio
productivo o
ecosistema necesaria
para producir los
recursos utilizados
y para asimilar los
residuos producidos
por una población
definida con un
nivel de vida
específico. El
déficit ecológico se
presenta cuando el
nivel de consumo de
recursos y descarga
de residuos de una
economía o población
específica excede a
la producción
natural sostenible
del espacio
territorial que
ocupa y a su
capacidad
asimilativa (en
términos espaciales
es la diferencia
entre la huella
ecológica efectiva
de esta población,
con su economía, y
el área geográfica
que ocupa).
Otra manera
complementaria a la
«huella ecológica»
de analizar la
influencia de la
comunidad sobre los
recursos naturales,
en términos del
impacto ambiental,
es a partir de la
ecuación de Ehrlich:
I =f (P* A*T), donde
I = impacto;
P = tamaño de la
población; A =
estructura y niveles
de consumo y
residuos; T =
efectos de
contaminación
producidos por la
tecnología y los
procesos
productivos. Por
tanto, el impacto
ambiental que genera
el desarrollo
capitalista será
mayor en la medida
en que aumente su
población, se eleven
sus ingresos y, por
tanto, el
«consumismo», al
igual que las
tecnologías y los
residuos sean
contaminantes.
Así, por ejemplo, el
río Bogotá se ha
convertido en una
alcantarilla a cielo
abierto. Este tiene
una extensión de 380
kilómetros a lo
largo de los cuales
se localizan 41
poblaciones,
incluida Bogotá.
Nace en el páramo de
Guacheteque,
municipio de
Vallapinzón (Cundinamarca)
a 3.300 metros sobre
el nivel del mar y
desemboca en el río
Magdalena, columna
vertebral del
comercio fluvial
colombiano, en
Girardot, a 280
metros sobre el
nivel del mar. Al
pasar por la cuenca
alta, el río Bogotá
recibe cromo,
sulfuros, sangre y
excrementos de las
curtiembres y los
mataderos. En su
paso por la capital
del país recibe 442
toneladas diarias de
desechos, 89
kilogramos de plomo,
5,2 toneladas de
detergentes y 1.473
toneladas de
sólidos, además de
mercurio y cadmio.
En un fallo reciente
de acción popular
(agosto de 2004),
después de doce años
de iniciado, el
tribunal
Administrativo de
Cundinamarca
responsabilizó al
Estado, a los
ribereños y a las
empresas de
servicios públicos
de la tragedia
ambiental del río
Bogotá, exigiendo
declarar la
emergencia y fijar
un cronograma para
su recuperación.
Otros graves
problemas
ambientales, además
de la contaminación
del río Bogotá, son
los conflictos por
el uso del suelo. Un
ejemplo: con el
crecimiento del
Distrito Capital y
los municipios
circunvecinos se
están ocupando áreas
agrícolas altamente
productivas para
usos residenciales,
industriales,
turismo, recreativos
y de servicios
educativos. La alta
demanda de manera
desproporcionada el
precio de la tierra
desplazando a
campesinos y sus
actividades
agrícolas y
generándose una
continua
praderización y
destrucción de
bosques en el
territorio, o
especialización en
actividades de alto
rendimiento como las
flores y la
ganadería lechera
intensiva. Las
regiones que se
encuentran en el
centro del
Departamento de
Cundinamarca
demandan gran
consumo (residencial
e industrial) de
agua; y, finalmente
la contaminación del
aire y los
voluminosos residuos
son fuente creciente
de conflictos
ambientales.
En resumen, la
conurbanización y
expansión del
Distrito capital
produce un daño
ambiental múltiple y
exterminante que se
extiende al entorno
regional: aire
envenenado,
contaminación de
aguas,
desestabilización de
ecosistemas, caos
visual, polución
auditiva, basuras,
malos olores,
desertización y
sellamiento de la
naturaleza por la
expansión de la
cultura del cemento.
En Bogotá y la
Sabana de Bogotá se
han concentrado en
las últimas décadas
el 25% de la
población
Colombiana, esto es,
más de 11 millones
de personas.
Tendencia que tiende
a acelerarse,
producto de la
violencia
generalizada y del
mayor
empobrecimiento de
la población que
cree encontrar en la
capital del país o
los municipios
circunvecinos un
lugar de esperanza
dentro de su destino
trágico.
En general, este es
un reflejo de las
significativas
transformaciones que
vienen registrando
en los últimos
sesenta años los
ecosistemas
colombianos. Se ha
perdido más de la
mitad de cobertura
boscosa y casi la
totalidad de algunas
formaciones como el
bosque seco tropical
y el bosque
subandino. La
totalidad de las
corrientes de aguas
andinas están
contaminadas,
redujeron su oferta
recreativa y una
cuarta parte de la
población no accede
al suministro de
agua potable. La
pesca y la caza han
desaparecido
prácticamente en la
zona andina y en el
sistema Magdalena.
45% de los suelos se
usan para fines
diferentes a los de
su vocación y 10%
presenta erosión
severa. La calidad
del aire que se
había mantenido
estable hasta los
años sesenta se ha
degradado
rápidamente en las
dos últimas décadas
en las principales
ciudades y hoy
Bogotá es la tercera
ciudad más
contaminada en
América Latina1 .
Uribe se raja en lo
ambiental
El Estado y la
sociedad Colombiana
no se dan por
entendidos de esta
catástrofe
ambiental. Según el
informe de la
Contraloría General
de la Nación "Estado
de los Recursos
Naturales y el
Ambiente 2003-2004",
entregado al
Congreso para su
estudio y debate, en
septiembre de 2004,
las metas en materia
ambiental a las que
se comprometió el
gobierno de Alvaro
Uribe no se han
cumplido y tanto el
presupuesto como la
inversión del Estado
en este campo han
caído
dramáticamente. El
gasto nacional
ambiental pasó de
$610.440 millones en
2002 a 473.536 en
2004, es decir que
hubo un
decrecimiento del
22,5%. El informe
advierte, por
ejemplo, que no se
han incorporado ni
una sola hectárea al
sistema de áreas
protegidas de las
165.000 que fijó
como meta el
gobierno. Tampoco se
ha firmado una
normatividad sobre
bioseguridad ni hay
recursos para llevar
iniciativas como el
proyecto de zonas
marinas y costeras,
y el cultivo de las
120.000 hectáreas de
bosques en áreas
abastecedoras de
agua a las que se
comprometió el
ministerio de
Ambiente. Así mismo,
no hay acciones de
la cartera para
resolver los
problemas de los
rellenos sanitarios.
La gestión ambiental
en los municipios y
departamentos
igualmente es pobre.
Los recursos
orientados a la
compra de terrenos
para preservar las
fuentes de agua que
surten a los
acueductos de sus
localidades no se
lleva a cabo. Según
el artículo 111 de
la Ley 99 de 1993,
los alcaldes deben
invertir el 1% de
los ingresos totales
en este rubro. Los
principales
problemas en las
regiones, según el
informe de la
Contraloría, son la
mala calidad del
agua que se consume
y el manejo y
disposición final de
basuras. Muy pocos
son los lugares
donde se garantiza
un tratamiento
adecuado de los
residuos sólidos y
de las aguas
residuales.
La huella de lo
acontecido es una
sombría realidad que
muestra la
insostenibilidad del
estilo de desarrollo
nacional. Un breve
resumen de los
conflictos
ambientales
actuales, según
regiones naturales
del país, pone en
evidencia otra de
las fisuras del
modelo hegemónico
capitalista de
desarrollo (además
de la violencia
endémica y la
polarización social
entre unos pocos
ricos y una mayoría
pobre); y nos centra
en lo fundamental,
no existe voluntad
política para
enfrentar los graves
problemas
ambientales de
Colombia. No existe
una política
ambiental coherente
con las necesidades
y graves problemas
que afrontan las
regiones.
1 Julio Carrizosa,
1997, Lo económico
desde una visión
ambiental compleja,
en: Revista Ecología
Política, Icaria
Editorial,
Barcelona, p. 44-45.
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