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Por: Martha Alicia Duque G..*
madugar@tutopia.com
* Investigadora
Los cuarenta y siete parques y reservas
naturales revisten una importancia crucial en el
ámbito nacional e internacional por ser
depositarios de la biodiversidad biológica y
cultural, con especies vegetales y animales
únicas por unidad de área, y de los ecosistemas
que garantizan en lo fundamental la producción y
regulación hídrica del país, colocándolo en el
cuarto lugar de biodiversidad en el planeta.
Allí se albergan ancestralmente grupos étnicos y
de campesinos que con sus conocimientos,
innovaciones y prácticas han contribuido al
desarrollo sostenible del medio ambiente. De
igual manera, en estos parques se ubican los
recursos estratégicos naturales no renovables
Diversos estudios y foros nacionales e
internacionales han denunciado la política de
militarización de EU, generada primero como
pretexto de la lucha antinarcóticos con el Plan
Colombia, ahora transformada en antiterrorista
con el Plan Patriota, extendida a los países de
la Zona Andina, bajo la denominación de
Iniciativa Andina Regional –IRA–, como una
estrategia para ejercer el control territorial
de EU sobre la Zona Andina y la Amazonia, por
ser ésta una de las principales fuentes de agua
dulce y biodiversidad en el mundo, además de los
cuantiosos recursos naturales no renovables que
posee.
La política de fumigaciones por aspersión aérea
a los cultivos de uso ilícito, ahora con
glifosato, como parte del Plan Colombia ha
demostrado su rotundo fracaso, con efectos
desastrosos sobre la población, la salud y el
medio ambiente, tal como lo ha venido señalando
la Defensoría del Pueblo y como se recoge en el
fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca.
Las cifras de la medición satelital de Naciones
Unidas –Unodc– en convenio con Colombia, en
principio, muestran resultados exitosos, al
pasar de 102.000 héctareas en el 2002 a 86.000
en el 2003, con disminución de 16%. Pero al
mismo tiempo se observa un desplazamiento
creciente en los mismos años hacia otras zonas
[Nariño (17%), Meta (39%), Bolívar (63%),
Antioquia (41%), Córdoba (118%), Boyacá (403%)],
que podría ser indicio de reorganización de la
producción y del negocio del narcotráfico en
zonas con predominante presencia de un sector
del narcotráfico y el paramilitarismo. Se
destaca el cambio de producción a atomizada, en
pequeñas escalas, pero con mayor productividad.
Cuando se presenta intercalada con otros
cultivos se escapa a la medición satelital. No
obstante, el hecho real es que los precios de la
coca en EU se han mantenido o reducido
levemente, lo que significa que la oferta de
Colombia sigue estable.
Lo más preocupante es que acompañado al reporte
de éxito de la reducción de coca se anuncia, por
parte del secretario de defensa Donald Rumsfeld,
la idea de duplicar la presencia militar de EU
en el país, al aumentar a 800 el número de
militares y a 600 el de contratistas que
trabajan en el país en labores antinarcóticos y
antiterroristas.
En contraste, los países andinos (Perú, Bolivia
y Ecuador) lograron reducir sustancialmente la
producción de coca, rechazando la intervención
de EU con la fumigación aérea, optando por
procesos de erradicación manual de los cultivos
comerciales, concertados con la comunidad.
Se venden
El gobierno de Uribe, paralelo con las
negociaciones del TLC, ha venido ejecutando
políticas y una nueva ola de privatizaciones de
los bienes de uso público y del medio ambiente,
impuesta por EU en compañía de los organismos
multilaterales y las ETN•s. En el plan de
desarrollo, el Gobierno Nacional ha consignado
las bases para incorporar la privatización con
inversión extranjera de los sectores
estratégicos, como hidrocarburos, inversiones en
biodiversidad, acceso a recursos genéticos,
flexibilización en licencias ambientales y
adecuación de hidrovías, otorgando trato no
discriminatorio en el marco del Alca y el TLC.
En esta línea, el Conpes –Consejo Nacional de
Planeación– recientemente aprobó un crédito con
el BID –Banco Interamericano de Desarrollo–,
quien adelantó el proyecto inicial de estudios
del Lirsa por cinco millones de dólares, para
financiar la segunda fase del programa de apoyo
al proceso de participación privada y concesión
en infraestructura, el cual incluye el
transporte fluvial (ríos) y parques naturales,
“Apoyar el desarrollo de esquemas de
participación privada en otros sectores –parques
naturales, cárceles, educación básica, media y
superior, salud, trámites y gestiones ante el
Estado, entre otros–”; como parte del resto de
sectores de vías, puertos y aeropuertos,
transporte urbano, energía, gas, comunicaciones,
agua potable y saneamiento básico.
En esta dirección, el Gobierno viene adelantando
numerosas macroruedas de negocios con las ETN•s,
que en realidad son verdaderas subastas de los
bienes patrimoniales de uso público. En
Cartagena se celebró la macrorueda de Negocios
Milenium, a cargo del ministro de Comercio
Exterior, Jorge Humberto Botero, en la que se
ofertaron tres sectores estratégicos: turismo,
forestal y software. Los dos primeros, asociados
con los recursos ambientales. Se incluyeron los
parques naturales a lo largo del país, desde la
Guajira hasta la Amazonia, entre los cuales se
reseñan, con fines ecoturistas y agroturistas,
el Tayrona en la Guajira, en la región Pacífica
las islas Gorgona y Malpelo, en la Amazonia el
Amacayacu, y el de los Nevados en la zona
cafetera. En materia forestal se presentó este
sector con un inmenso potencial para el
desarrollo de la reforestación e industria.
Del mismo modo, dentro de la política integral,
EU con el TLC, se está exigiendo patentar las
formas de vida natural, biológica y humana y se
pretende abrir el camino legal a la biopiratería
o robo de genes.
Patentar formas de vida está expresamente
prohibido en la Constitución Nacional y en los
convenios internacionales, y está asociado a los
parques naturales y resguardos indígenas, que se
definen como bienes de uso público
inembargables, inalienables e imprescriptibles,
es decir, que no pueden ser objetos de propiedad
privada, ni de compraventa, o sea, no se pueden
privatizar ni mercantilizar.
En especial se violarían los Convenios de
Biodiversidad Biológica y la Ley 165 de 1994 que
lo ratifica, la Decisión 391 de 1991 del Acuerdo
de Cartagena, la Decisión 486 del 2000 sobre
derechos de propiedad industrial que prohíbe
patentar formas de vida y que rigen para la CAN,
el Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre pueblos
indígenas, aprobado por la Ley 21 de 1991, que
establece la consulta previa y, la Constitución
Política en sus artículos 7, 63, 79 y 80;
atentando contra la soberanía nacional y la
seguridad alimentaria.
El gobierno, ante las amplias denuncias y
movilizaciones, anunció que no fumigaría los
parques –decisión ratificada por el Presidente
Uribe–, señalando que la erradicación se haría
manualmente, para lo cual ya habían contratado
la fabricación de una máquina usada con éxito en
el Perú.
Lo que se esperaba del Gobierno, era la
vinculación en los parques naturales de los
grupos ancestrales indígenas, afrocolombianos,
asentados en los resguardos y tierras colectivas
comunales. Pero lamentablemente se engañó al
país y a las comunidades. El Presidente, en
primer lugar, anunció el inicio del programa
para reinsertados en seis municipios de la zona
cocalera del occidente de Boyacá, con aportes a
cada familia de $3 a $3.5 millones de pesos; lo
cual hace parte del programa de Guardabosques,
del Plan Colombia que busca la erradicación
manual en las zonas cocaleras de Urabá, Bajo
Cauca, Antioquia, Guaviare y un sector de la
Sierra Nevada, desde diciembre pasado. En
segundo lugar, el Gobierno y la Policía
anunciaron el operativo para fumigar el Parque
de la Sierra Nevada, supuestamente, debido a que
sectores de la comunidad no se acogieron a la
erradicación manual, lo que contrasta con la
movilización de los indígenas y campesinos y el
taponamiento de la troncal del Caribe reclamando
la erradicación manual.
El panorama que se cierne es nefasto, pues la
combinación de las estrategias de EU, de
militarización, dentro de la política de EU, de
seguridad y privatización con mercenarios
–denunciada por la prensa nacional y Naciones
Unidas–, con la estrategia de seguridad
democrática, Plan Patriota, legalización del
paramilitarismo en los parques naturales a
través de los reinsertados –guardabosques–,
fumigaciones, desplazamiento y etnocidio,
generan violación masiva de derechos humanos. Se
crearían además las condiciones para que los
parques naturales sean el soporte de
privatización para las ETN•s estadounidenses.
Por un lado, para el turismo, apropiación de
genes con fines comerciales y de patentes en
general, denominado bionegocios. De otro lado,
para los megaproyectos de construcción de obras,
vías, adecuación de hidrovías, con los ejes
modales, de la Lirsa, de la industria extractiva
y de recursos estratégicos, con los peligros de
desastres ambientales en estos territorios de
alta fragilidad.
La fumigación aérea con glifosato en los parques
y su privatización, conducirían a una catástrofe
ambiental y cultural, porque arrasaría no sólo
con el patrimonio ambiental, sino con los grupos
étnicos en proceso de extinción.
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