Las organizaciones indígenas, negras, campesinas, ambientalistas, las y los ciudadanos y demás organizaciones preocupadas por el futuro de las selvas, los bosques naturales y las comunidades que los habitan, expresamos nuestra preocupación por las decisiones que se están adoptando, de manera inconsulta y en contravía con la situación del país, sobre la política forestal que afectarán este patrimonio natural y estas comunidades.

Iniciativas que contemplan la privatización de los bosques y del patrimonio natural, a través de la venta de servicios ambientales, el desmonte de derechos colectivos ya reconocidos a comunidades negras e indígenas, la enajenación del territorio tradicional por el desplazamiento forzado, la entrega en concesión al sector privado de los servicios turísticos de los parques naturales, entre otras, configuran un grave riesgo para el país y para la integridad y vida de millones de personas.

Nos ocuparemos en este momento del Proyecto de Ley Forestal que está en último debate en la Cámara de Representantes y que está a punto de aprobarse al ser catalogada como de alta prioridad e interés del Gobierno.

Este Proyecto retrocede en la política ambiental en Colombia, puesto que no contribuye a la conservación de los bosques, fomenta la deforestación y abre un camino a la privatización del patrimonio forestal del país. Este Proyecto de Ley ha sido impulsado sin consultar a las comunidades y sí con una alta participación de sectores empresariales dedicados a la explotación comercial de maderas, resultando similar a un proyecto aprobado en Bolivia.

Según la Constitución Colombiana el Estado debe proteger a las minorías étnicas y garantizarles sus derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Sin embargo, con este proyecto de ley se violan los derechos colectivos de los habitantes y dueños del bosque. Este proyecto de Ley, lejos de ordenar, regular y estimular la conservación y manejo sustentable de los bosques y crear nuevas maneras de relacionarse con este patrimonio natural estratégico para las comunidades tradicionales y para la economía y la paz del país, parece más un estatuto de fomento de plantaciones comerciales, un mecanismo de enajenación de los bosques de las comunidades y un factor para la potenciación de múltiples conflictos.

Esta consideración toma como base las siguientes razones:

1. Los dueños de los bosques, son las comunidades negras, indígenas y campesinas y ellas no han sido consultadas en este proceso. Hoy se encuentran en situación de desventaja, pues ya se presentan impactos catastróficos y presiones para intensificar la explotación del bosque y cambiar abruptamente el uso del suelo. Vale mencionar la situación del Bajo Atrato donde grupos armados anuncian la entrada de 200 motosierras para explotar la madera de las selvas nativas.

2. Los empresarios, propietarios de 140 mil hectáreas de bosque, direccionan el esfuerzo financiero del Estado y se benefician de mecanismos para la apropiación del bosque natural (cerca de 60 millones de hectáreas). La titulación de baldíos a los empresarios forestales, en detrimento de los campesinos, desplazados y comunidades étnicas impone la enajenación, como también la pérdida del carácter integral de los grupos étnicos y sus territorios colectivos, al incorporar conceptos como derecho a vuelo y derecho a suelo, en donde se contradice el carácter inalienable e imprescriptible de la propiedad colectiva sobre los territorios de comunidades indígena y negras, la cual incluye integralmente el suelo, los bosques, y todos los recursos allí existentes, teniendo en cuenta que se trata de derechos fundamentales para su supervivencia.

3. La puesta en marcha de los encadenamientos productivos (Cadena Productiva Forestal) que de hecho se están promoviendo por el Programa Colombia Forestal (administrado por Chemonics) y que es un eje del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, están colocando en condición de desequilibrio y pérdida de sus recursos, a las comunidades locales que se han asociado con los empresarios de la industria forestal y de los muebles. Esto no se ha reglamentado debidamente y constituye una práctica que se fomentará fuertemente con la nueva ley.

4. La creación de una nueva empresa llamada PROCOLBOSQUES (Empresa Colombiana Promotora de Bosques) que además de marchitar la institucionalidad pública, transfiere a una empresa de economía mixta, el timón de la política pública de bosques, borrando de hecho el papel del Ministerio del Ambiente y creando una figura de apertura de créditos externos con organismos internacionales, para el fomento de la agroindustria forestal y la negociación en las bolsas de valores de los servicios ambientales.

5. El Proyecto de Ley Forestal desconoce el sentido y la dimensión integral del bosque como ecosistemas estratégicos para el país y para los habitantes del bosque. Se valora el bosque exclusivamente en términos económicos de la madera y de los servicios ambientales.

6. Esta iniciativa no guarda consonancia con los acuerdos internacionales que Colombia ha adoptado, tales como el Convenio de Diversidad Biológica, el Panel Intergubernamental de Bosques de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT. Abandona los logros en materia de conservación y usos sostenibles acordados en el Convenio de Diversidad Biológica, que fueron incorporados en la legislación colombiana a través de la ley 99 de 1993.

Consideramos que la competitividad del país no consiste en equiparar nuestros bosques con los de la zona templada y menos aún extrapolar el modelo forestal de Bolivia, Ecuador y Chile, los cuales fueron promovidos por la firma estadounidense Chemonics; en donde la ley, al igual que Colombia, busca volver al sector forestal altamente competitivo, eficiente y exportador de madera.

En el proyecto de ley Forestal, no existe la suficiente información, como tampoco ha contado con la participación de los dueños del bosque, de la comunidad académica, de las organizaciones ambientalistas y de la sociedad en general. Además el proyecto va en contravía de derechos fundamentales de las comunidades en cuanto a la propiedad colectiva de sus territorios y sus derechos de administración, uso, manejo y aprovechamiento del patrimonio natural. Tal y como está concebido el proyecto, se favorece exclusivamente a las empresas madereras y el establecimiento de plantaciones forestales, y a las empresas que quieran invertir en la privatización de los servicios ambientales, sin que existan disposiciones equivalentes para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los bosques naturales.

Es por ello que solicitamos no aprobar esta iniciativa, por lo lesiva que resulta para los bosques del país y especialmente para las comunidades dueñas de los bosques; y seria un retroceso en la política ambiental de Colombia, la cual ha sido líder a nivel internacional. Adicionalmente, la aprobación de esta ley iría en contravía a los esfuerzos para la paz y conduciría por el contrario a fuertes conflictos por el acceso y control del patrimonio natural.

Es por lo anterior que se debe formular un nuevo proyecto de ley, que plasme una política forestal integral y que considere los componentes ambientales, sociales, económicos y culturales de los habitantes del bosque y sobre todo, que los incluya en la formulación, aprobación de la ley, y en la toma de decisiones sobre la conservación, uso y manejo sustentable de los bosques.

Firmas:

Proceso de Comunidades Negras, PCN
Conferencia Nacional Afrocolombiana, CNA
Palenque Regional del Congal – Valle
Palenque Regional del KUZU- TO Caribe
Palenque del Alto Cauca, AFROLÍDER
Consejo Comunitario de Cupica
Consejo Comunitario del Naya
Consejo Comunitario de Cabeceras, Malaguita y Cuellar
Cabildo Embera Katío del Alto San Jorge
ILSA
Centro Nacional de Salud, Ambiente y Trabajo, CENSAT AGUA VIVA – Amigos de la Tierra Colombia
Grupo Semillas
Swissaid
Cecoin
 

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